¿AUTORIDADES SERVILES O FUNCIONARIOS COMPETENTES?
Desde hace varias décadas, el sistema político ecuatoriano arrastra una práctica que debilita la institucionalidad del Estado: la designación de autoridades y funcionarios bajo criterios de conveniencia política, donde la lealtad personal o partidista parece tener mayor peso que la preparación académica, la experiencia profesional y la capacidad de gestión.
Esta distorsión de la administración pública ha permitido que, en determinados espacios de poder, la idoneidad técnica quede relegada frente al servilismo político. El problema no radica necesariamente en la militancia o afinidad ideológica de quien ocupa un cargo, sino en la ausencia de criterios rigurosos para determinar si posee las competencias necesarias para ejercerlo.
Cuando la obediencia sustituye al criterio profesional, las decisiones dejan de responder exclusivamente al interés público y quedan expuestas a compromisos particulares, improvisaciones administrativas y posibles prácticas de corrupción. Un funcionario puede ser políticamente leal sin renunciar a su independencia técnica. Sin embargo, cuando su permanencia depende más de complacer a quien lo designó que de los resultados de su gestión, se debilitan los mecanismos de control, se compromete la responsabilidad institucional y la administración pública pierde capacidad para responder a las necesidades ciudadanas.
El verdadero problema del Estado no es únicamente quién designa a sus autoridades, sino bajo qué criterios las selecciona, cómo evalúa su desempeño y qué responsabilidades exige cuando fracasan. Mientras la confianza política prevalezca sobre la competencia profesional, el servicio público corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de distribución de poder antes que en un instrumento de gestión al servicio de la sociedad.
Por ello deben converger la meritocracia con el control y responsabilidad. Ecuador necesita pasar del discurso de la meritocracia a un sistema de selección y evaluación técnicamente verificable, estableciendo un modelo nacional de idoneidad para cargos directivos y de alta responsabilidad pública, sustentado en perfiles profesionales definidos previamente, experiencia comprobable, pruebas de conocimientos especializados, evaluación de trayectoria y verificación de posibles conflictos de interés.
Para los cargos sujetos a concurso, el proceso debería incorporar una matriz de calificación pública que valore, por ejemplo, a mi criterio, un 40 % de competencias técnicas, un 30 % de experiencia profesional relacionada con el cargo, un 20 % de resultados verificables de gestión y un 10 % de entrevista estructurada. La selección debe contar con mecanismos de supervisión independiente, publicación de resultados y posibilidades efectivas de impugnación.
En los cargos de libre nombramiento y remoción, donde la Constitución reconoce un margen de decisión a la autoridad nominadora, debería exigirse, por lo menos, la verificación pública del perfil profesional, el cumplimiento de requisitos técnicos y la motivación de la designación. La confianza política no debería constituir una licencia para prescindir de la capacidad administrativa.
Este modelo debe complementarse con evaluaciones semestrales de desempeño, basadas en metas institucionales, ejecución presupuestaria, calidad de los servicios y resultados medibles. El incumplimiento injustificado de objetivos debe activar mecanismos de revisión y responsabilidad conforme a la ley, sin que la cercanía política garantice impunidad ni permanencia.
La meritocracia tampoco puede reducirse a la acumulación de títulos académicos. Un funcionario competente debe demostrar conocimientos, experiencia, criterio para decidir, integridad y capacidad para transformar recursos públicos en resultados concretos. El Estado no necesita funcionarios que únicamente sepan obedecer órdenes, sino autoridades capaces de comprender problemas, formular soluciones, administrar recursos y asumir las consecuencias de sus decisiones.
La lealtad a un gobierno jamás debería estar por encima de la responsabilidad con el Estado. La verdadera transformación institucional comenzará cuando los nombramientos respondan a competencias demostrables y los funcionarios sean evaluados por su desempeño, no por su cercanía con el poder, porque la administración pública no debe convertirse en una recompensa por la fidelidad política, sino en una responsabilidad que se gana con capacidad y se legitima con resultados.
Crnl. José Hidalgo
Asesor Consultor Político-Militar